Mediante la publicación del Registro Oficial número 228, de fecha 20 de febrero de 2026, se han formalizado nuevas disposiciones que buscan equilibrar la capacidad de exportación del país con la necesidad de garantizar el abastecimiento de la industria nacional. Estas medidas son el resultado de un análisis técnico profundo sobre el comportamiento de los mercados internacionales y la demanda interna de materias primas esenciales para los sectores metalmecánico y de fundición con ajustes significativos en la normativa que regula la salida de materiales metálicos, específicamente en lo que respecta al bronce, cobre y aluminio.
La nueva normativa introduce una ampliación en los cupos de exportación para desperdicios y chatarra de metales no ferrosos. El aluminio, en particular, destaca en esta actualización debido a una demanda internacional creciente que ha llevado a las autoridades a establecer un cronograma de cupos anuales que se extiende hasta el año 2029.
La regulación también establece distinciones claras según la naturaleza del material. Mientras que las exportaciones de ciertos compuestos como la zorba se permiten bajo condiciones específicas para empresas fundidoras verificadas, se mantiene la prohibición estricta de exportar chatarra proveniente de perfiles y cables de aluminio. Estas restricciones responden a una estrategia de protección de recursos que poseen un alto valor de transformación dentro del territorio nacional, fomentando así la economía circular y la generación de valor agregado en las cadenas productivas locales.
Para los actores del sector, el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio tanto para personas naturales como jurídicas que posean el registro de exportador. La vigencia de los nuevos registros se ha fijado en cinco años, lo que facilita la estabilidad administrativa de las empresas dedicadas al reciclaje industrial y la metalurgia. De igual manera, se han establecido mecanismos de evaluación anual para revisar la adecuación de los precios de mercado y detectar posibles distorsiones que puedan afectar la competitividad de la industria local.
Fuente: Registro Oficial