El panorama del comercio exterior entre Ecuador y Colombia experimentará un ajuste importante a partir del próximo 1 de febrero de 2026. A través de un comunicado oficial emitido desde la Presidencia, el gobierno ecuatoriano confirmó la implementación de una tasa de seguridad del 30% sobre las importaciones de origen colombiano. Esta medida responde a la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y la seguridad en la zona fronteriza, frente a lo que el Ejecutivo describe como una falta de mecanismos de control efectivos por parte de Colombia.
Si bien Ecuador y Colombia mantienen lazos históricos de hermandad y cooperación, la decisión se fundamenta en que los esfuerzos actuales no han sido suficientes para coordinar una acción conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal. En este contexto, el presidente Daniel Noboa ha dispuesto esta medida como un mecanismo de protección y financiamiento para la seguridad nacional.
Excepciones y alcance de la medida
Es crucial para los actores del comercio internacional conocer los matices de esta disposición. El comunicado oficial aclara que la medida no será absoluta; se contemplan excepciones específicas para ciertos rubros estratégicos y humanitarios. Quedan exentas de esta tasa las donaciones, los efectos personales y ayudas técnicas, así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.
Para el resto de las mercancías, la normativa es estricta. Según las directrices que ejecutará el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la tasa es exigible a las operaciones de importación que generen obligación tributaria aduanera, y deberá ser considerada por los importadores en los procesos de nacionalización de mercancías de origen colombiano.
Un llamado a la reciprocidad
El gobierno ecuatoriano ha enfatizado que esta tasa se mantendrá vigente hasta que exista una voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia para trabajar con el mismo nivel de determinación en la lucha contra las amenazas compartidas. El presidente Noboa señaló previamente que el déficit comercial con el país vecino supera los 1.000 millones de dólares anuales, una cifra que, sumada a los costos unilaterales de defensa fronteriza, ha hecho insostenible la situación actual sin medidas compensatorias.
Aunque el Ministerio de Defensa colombiano ha manifestado que la cooperación existe, citando recientes incautaciones de estupefacientes, la postura de Quito se mantiene firme en la búsqueda de resultados más contundentes y una corresponsabilidad operativa tangible. Para los importadores y empresas logísticas, este escenario exige una revisión inmediata de sus costos y procesos de nacionalización de cara al inicio de febrero.