El reciente Decreto Ejecutivo 268, firmado por el presidente Daniel Noboa tras la sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es importante no solo para la defensa territorial, sino también para la dinámica logística del país. Al establecer nuevas zonas de seguridad bajo el control directo de las Fuerzas Armadas en espacios terrestres, marítimos y aéreos, la medida trasciende el ámbito puramente defensivo para generar condiciones de mayor confiabilidad en las operaciones comerciales, especialmente en los puertos marítimos, que son los nodos vitales de la economía ecuatoriana.
Esta normativa, que define con precisión las Áreas Reservadas de Seguridad, tiene un impacto directo en la cadena de suministro nacional. La presencia militar reforzada en las zonas marítimas y portuarias contribuye a la creación de un entorno operativo mucho más ordenado y vigilado. Para el sector exportador, que depende intrínsecamente de la fluidez y seguridad en el transporte marítimo para colocar sus productos en los mercados internacionales, esta consolidación de la seguridad representa una garantía adicional en la protección de la carga y en la eficiencia de los procesos de embarque y desembarque.
El fortalecimiento del control institucional en estas áreas estratégicas envía un mensaje claro a la comunidad internacional. La percepción de estabilidad y seguridad es un activo intangible pero crucial en el comercio exterior; por ello, estas acciones potencian la competitividad de Ecuador frente a sus socios comerciales. Un entorno portuario seguro no solo mitiga riesgos asociados a actividades ilícitas, sino que favorece la concreción de alianzas estratégicas y mantiene la confianza de los compradores en Estados Unidos, Europa y Asia, quienes exigen altos estándares de seguridad en la cadena logística.
Para materializar esta estrategia, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido designado para asegurar la asignación presupuestaria necesaria, garantizando que el despliegue de las Fuerzas Armadas cuente con los recursos logísticos y operativos requeridos. Esto asegura que la vigilancia no sea una medida temporal, sino un componente estructural que permita a los puertos ecuatorianos operar con estándares de seguridad que estén a la altura de las exigencias del mercado global.
Asimismo, la implementación de estas zonas de seguridad se complementa con la difusión de regulaciones especiales que deberán ser acatadas por todas las instituciones públicas y privadas que operan en dichos sectores. Esto alinea a todos los actores de la cadena logística bajo un mismo marco de seguridad, minimizando vulnerabilidades y optimizando los tiempos operativos. En un contexto global donde la seguridad de la cadena de suministro es prioritaria, Ecuador se posiciona como un proveedor más confiable y competitivo.
En definitiva, la decisión gubernamental de blindar las fronteras y las zonas estratégicas del Estado actúa como un catalizador para el desarrollo económico. Al garantizar la integridad de los espacios marítimos y terrestres, se sientan las bases para un comercio exterior más robusto, donde la seguridad física se traduce directamente en seguridad comercial, protegiendo así el motor productivo del país y sus conexiones con el mundo.
Fuente: El Comercio