La reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia de imponer un arancel del treinta por ciento a las importaciones de arroz provenientes de Ecuador no es un hecho aislado, sino la respuesta a una serie de tensiones comerciales que se han intensificado en los últimos días. Estas medidas de defensa comercial se fundamentan en el principio de reciprocidad, activado tras las determinaciones unilaterales adoptadas previamente por el gobierno ecuatoriano que afectaron directamente a los exportadores colombianos.
El origen de esta situación se remonta al anuncio de Ecuador de aplicar una sobretasa o "tasa de seguridad" del treinta por ciento a las importaciones colombianas, medida que el gobierno de ese país justificó por una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la zona fronteriza. Bogotá rechazó tajantemente estos señalamientos, argumentando que Colombia ha mantenido un compromiso firme en la vigilancia transfronteriza y que la imposición de gravámenes ecuatorianos desconoce los compromisos comerciales adquiridos en el marco de la Comunidad Andina.
Ante lo que se percibe como un desequilibrio en las condiciones de intercambio, el Gobierno colombiano ha procedido a aplicar gravámenes similares en una canasta de productos estratégicos. En el caso específico del arroz paddy verde, la protección es aún más rigurosa, ya que se ha sumado la restricción total del ingreso por vía terrestre. Esta acción busca mitigar el impacto negativo sobre los cultivadores locales, quienes habían solicitado formalmente medidas de retaliación para compensar la ventaja competitiva que el producto ecuatoriano estaba adquiriendo en el mercado nacional.
El conflicto comercial ha escalado más allá del sector agrícola, involucrando también el ámbito energético y logístico. Como parte de la respuesta colombiana, se suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, una medida que ha generado presiones adicionales en el país vecino. Por su parte, Ecuador respondió incrementando significativamente las tarifas de transporte para el crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevando el costo por barril de tres a treinta dólares, lo que representa un aumento superior al novecientos por ciento.
A pesar de la actual "guerra arancelaria", ambos gobiernos han manifestado canales abiertos para el diálogo. Se han explorado espacios de mediación, como reuniones en el marco de foros internacionales, con el fin de buscar un equilibrio que permita retomar la histórica relación de hermandad y estabilidad comercial entre ambas naciones. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura de Colombia continúa supervisando la implementación de estos instrumentos de defensa para asegurar que la producción nacional de arroz no se vea comprometida por las fluctuaciones y decisiones externas.