El sistema portuario y aduanero de Ecuador se encuentra frente a un proceso de reestructuración legal indispensable para su competitividad. La Asamblea Nacional avanza en la reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, una iniciativa diseñada para solucionar la acumulación de más de doce mil contenedores abandonados en los diferentes puertos del país. Este volumen de carga inmovilizada, que en ciertos casos lleva hasta dieciocho años almacenada sin ser reclamada, representa una problemática que trasciende lo administrativo para convertirse en un desafío económico y operativo de escala nacional.
La retención prolongada de estas mercancías ha generado un costo logístico sumamente elevado para el Estado, las terminales portuarias privadas y los operadores de comercio exterior. Se calcula que el valor de los bienes estancados supera los cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Entre los artículos abandonados se encuentran desde vehículos, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, hasta cargas refrigeradas y medicamentos que, por el paso del tiempo, han entrado en estado de descomposición, lo cual constituye un riesgo sanitario y ambiental latente para las instalaciones.
Para atender esta situación, la propuesta legislativa incorpora mecanismos técnicos y jurídicos que permitirán una gestión aduanera más ágil. El enfoque central radica en optimizar los procesos de inventario, avalúo y disposición final de los bienes. A través de la actualización del régimen de adjudicación gratuita y las subastas públicas, se busca que las mercancías útiles puedan ser entregadas a instituciones estatales de salud, educación y seguridad, en lugar de deteriorarse indefinidamente en las bodegas.
Diversos actores del sector logístico, incluyendo a la Cámara Marítima del Ecuador y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, han manifestado la urgencia de aplicar estos cambios. La liberación de los espacios ocupados por contenedores abandonados es un paso fundamental para incrementar la capacidad de recepción de los depósitos temporales, mejorar la rotación de carga y reducir los tiempos de ocupación. Esto se traduce en una recuperación operativa para las líneas navieras y consolidadoras, que podrán disponer nuevamente de sus equipos para nuevas transacciones comerciales.
La implementación de estas reformas tendrá un impacto directo en la reducción de costos vinculados a la seguridad, el mantenimiento y el control documental de la carga estancada. Con una infraestructura descongestionada, los importadores y exportadores contarán con procesos más previsibles y eficientes. A largo plazo, el marco legal renovado proyecta asegurar que el ecosistema portuario ecuatoriano mantenga su dinamismo frente a otros mercados de la región, facilitando un flujo comercial continuo.
Fuente: El Universo