El 14 de mayo de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional recibió a representantes del Ministerio de Desarrollo, la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana (FEAA) y la Cámara Marítima del Ecuador, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). La sesión evidenció un amplio consenso del sector privado en torno a la urgencia de reformar el marco normativo que regula la disposición de mercancías decomisadas y aquellas que permanecen bajo custodia aduanera por largos períodos.
El diagnóstico: bodegas saturadas y pérdidas que ya superan los 30 millones de dólares
El panorama expuesto ante la Comisión refleja una problemática estructural acumulada durante años. Carlos Guerra, coordinador general administrativo y financiero del Ministerio de Desarrollo, explicó que la reforma busca resolver los problemas operativos generados por mercancías que permanecen largos períodos bajo custodia aduanera, situación que se traduce en elevados costos de almacenamiento, deterioro de productos y serias limitaciones para su aprovechamiento. Santiago Ponce, coordinador general de asesoría jurídica de la misma institución, precisó que persisten demoras de hasta diez años en la entrega de mercancías decomisadas, las cuales llegan deterioradas tras su prolongado almacenamiento en puertos y contenedores. A esto se suma la necesidad de asumir complejos procesos logísticos y técnicos para su distribución nacional. En sesiones previas ante la misma Comisión, el director general del SENAE había mostrado bodegas saturadas con bienes decomisados, entre textiles, electrónicos, llantas y otros productos, cuyo valor supera los 30 millones de dólares, además de cerca de 500 vehículos retenidos que se deterioran mientras permanecen inmovilizados por procesos judiciales en curso. Hay mercancías almacenadas desde el año 2010.
Qué propone la reforma
La propuesta contempla cambios en varios frentes del régimen aduanero. Se fortalecen los mecanismos de adjudicación gratuita, subasta pública y disposición de bienes de utilidad pública, y se optimizan los procesos administrativos vinculados a mercancías bajo custodia. Adicionalmente, se incorporan nuevas causales para el decomiso administrativo y el abandono definitivo, con especial atención a los vehículos ingresados bajo el régimen de turista que incumplen los plazos establecidos mediante la Declaración Juramentada de Turista (DJT). La reforma también redefine este régimen para regular de manera integral el ingreso, permanencia y salida de bienes conforme a la normativa nacional e internacional. El objetivo central es que las mercancías retenidas por más de un año puedan ser inventariadas, valoradas y dispuestas oportunamente, priorizando su entrega a entidades públicas y reduciendo los costos que el Estado asume por almacenamiento prolongado.
La voz del sector: propuestas concretas de la FEAA y la Cámara Marítima
Katya López, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, respaldó la iniciativa y advirtió sobre los altos costos y riesgos asociados al deterioro de productos perecibles, así como el impacto negativo que esta situación genera en la competitividad del país. Propuso concretamente reducir de un año a seis meses el plazo para declarar el abandono de mercancías, y agilizar los procesos de adjudicación, subasta y destrucción. Andrés Padilla, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, señaló que medicinas, alimentos y otros productos de utilidad para la ciudadanía terminan destruidos tras extensos procesos legales. Destacó que la reforma permitiría agilizar la recuperación de mercancías, optimizar la disponibilidad de contenedores y facilitar que estos bienes sean utilizados o donados oportunamente.
La reducción de plazos para declarar el abandono de mercancías implica mayor presión sobre los tiempos de respuesta en operaciones con documentación incompleta o pendiente de regularización. Al mismo tiempo, la agilización de los procesos de subasta y adjudicación podría generar nuevas oportunidades para la adquisición legal de bienes decomisados, así como liberar espacio en instalaciones portuarias y bodegas aduaneras que hoy se encuentran colapsadas. La optimización en la disponibilidad de contenedores es otro beneficio tangible para las cadenas logísticas internacionales que operan desde y hacia Ecuador.
El proyecto se encuentra en etapa de tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Fuente: KCH